La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU‑047 de 2026, reafirmó la autonomía tributaria de las ciudades capitales.
En esta decisión, la Sala Plena dejó sin efectos los fallos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que habían anulado los acuerdos de Cali y Yopal sobre el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). La Corte concluyó que dichas providencias incurrieron en defectos sustantivos, fácticos y de violación directa de la Constitución, al restringir indebidamente la facultad de los municipios para fijar sus tarifas.
El pronunciamiento destaca que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 no obliga a replicar la tarifa vigente en Bogotá, sino que permite a las ciudades capitales adoptar normas del Distrito Capital respetando su autonomía y realidad fiscal.
Consejo de Estado (2024): La Sección Cuarta anuló acuerdos de Cali y Yopal que habían incrementado la tarifa del ICA para actividades financieras, al considerar que debían ajustarse a la tarifa vigente en Bogotá (14 x 1000), en aplicación del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021.
Corte Constitucional (2026): En revisión de tutela, la Sala Plena dejó sin efectos esos fallos y amparó los derechos al debido proceso e igualdad de los municipios, ordenando emitir nuevas sentencias.
Decisión de la Corte Constitucional
- Defectos identificados: sustantivo, fáctico y violación directa de la Constitución.
- Señaló que el Consejo de Estado otorgó al artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 un alcance “contra legem”, al restringir la facultad de las entidades territoriales.
- Reafirmó principios constitucionales:
- Autonomía territorial y descentralización.
- Legalidad tributaria.
- Equidad e igualdad fiscal.
- Ordenó emitir nuevas sentencias que respeten la autonomía fiscal de las ciudades capitales.
Implicaciones
- La Corte Constitucional consolida la autonomía tributaria de las ciudades capitales, permitiéndoles ajustar tarifas del ICA conforme a sus realidades locales.
- Se limita la posibilidad de que el Consejo de Estado imponga interpretaciones restrictivas que vacíen de contenido la autonomía territorial.
- Se refuerza la seguridad jurídica y la confianza legítima de los entes territoriales en el ejercicio de sus competencias fiscales.
Las entidades territoriales cuentan con mayor margen para ajustar el ICA conforme a sus necesidades locales, fortaleciendo la descentralización y la seguridad jurídica en materia tributaria.
Consulte aquí la Sentencia SU‑047 de 2026